¿Por qué el Ingreso Mínimo Vital es bueno para la economía y el mercado laboral español?

El próximo 15 de junio los españoles en situación más vulnerable podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda que oscila de los 462 a los 1.015 euros al mes según los ingresos y número de componentes de la unidad familiar que la solicita.

Más allá del sentido más político de esta ayuda, cuya máxima indiscutible es reducir desigualdades, evitar la exclusión social por motivos económicos y disminuir la brecha de pobreza en España, esta medida aporta otra serie de importantes beneficios.

Bueno para la economía

El Ingreso Mínimo Vital puede ser un gran aliciente para la reactivación económica tras la crisis sanitaria del COVID-19.

Previsiblemente, el parón de la actividad de estos meses provocará una crisis económica que afectará a todo el tejido económico español. La principal afección, pese a las medidas de sostenimiento empresarial impulsadas por el Gobierno de España (entre ellas, los ERTE), será la destrucción de empleo derivada del cierre de empresas que no pueden asumir el coste de un cese de actividad prolongado y, por ende, una caída en el consumo y la liquidez de las empresas.

La aprobación del Ingreso Mínimo Vital permitirá a muchas personas tener ingresos para poder consumir productos que de otra forma no podrían. Ello revierte no solo en el mantenimiento de empresas y empleos, sino también en los ingresos que percibe el Estado para sostener los servicios públicos.

Por otro lado, la pobreza comporta gastos al sistema público de salud de un país que normalmente no se tienen en cuenta. Por ejemplo, y especialmente en los niños, las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social pueden derivar en patologías de diversa índole, tanto físicas como psicológicas. Destacan las enfermedades derivadas de la malnutrición y los trastornos del comportamiento (agresividad, dificultades para socializar, ansiedad…).

El Ingreso Mínimo Vital permitirá una mejora en la calidad de vida y de salud de estas personas, y ello implica (aunque sea discretamente) una disminución en los costes derivados de su tratamiento en el sistema público de salud.

Bueno para el mercado laboral

Más allá de los empleos que puede generar el incentivo al consumo derivado del Ingreso Mínimo Vital, esta ayuda también puede suponer un importante beneficio para el mercado laboral español. Desde el punto de vista de los trabajadores: la autorregulación frente a excesos laborales.

La garantía de un Ingreso Mínimo Vital va a permitir que, frente a una perspectiva inmediata de pobreza, los trabajadores puedan no aceptar aquellos trabajos cuyas condiciones contractuales sean abusivas. Falsos autónomos, salarios por debajo de cualificación, horarios que imposibilitan la conciliación familiar, pagos en B, encadenamiento de contratos temporales… muchos trabajadores podrán negarse frente a estas condiciones ya que tendrán un sistema de protección que impedirá su exclusión económica.

El Ingreso Mínimo Vital puede suponer una medida interesante hacia una mejor salud del mercado de trabajo, empujando a las empresas a promover contratos con condiciones contractuales justas.

Los principales argumentos en contra del Ingreso Mínimo Vital y cómo refutarlos

No son muchos los argumentos que se esgrimen frente al Ingreso Mínimo Vital, pero si se visibilizan mucho.

En este sentido, un argumento muy utilizado frente al Gobierno por parte de los partidos situados a la derecha es aquel que afirma que esta ayuda es una “paguita del Gobierno” o que puede fomentar el “parasitismo”, ya que desincentiva la búsqueda de empleo y crea “bolsas de preceptores permanentes”.

Más allá de la falta de sensibilidad de este tipo de afirmaciones ante una realidad dramática para muchos miles de personas, agravada con la pandemia del COVID-19, convendría recordar que la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral. Además, para percibir la ayuda es obligatoria la búsqueda activa de trabajo, y prevé un seguimiento a través de un “itinerario individualizado y personalizado de inserción”.

Otro de los principales argumentos en contra de este tipo de prestaciones es la posibilidad de fraude. Si bien no hay ninguna ayuda exenta de este peligro, el Ingreso Mínimo Vital contempla que el Instituto Nacional de Seguridad Social pueda llevar a cabo “comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones”, llegando incluso a suspender el cobro de la ayuda o imponer multas y/o devoluciones de las cantidades percibidas.

Estos argumentos esgrimidos por la derecha son espurios, propios del momento de crispación política actual, ya que reducen esta ayuda a una elección entre aceptar un empleo o cobrar una prestación. Reincido: esta es una medida que se modula en función de las posibilidades de acceso al empleo y que castiga el fraude.

Lo que está claro es que el Ingreso Mínimo Vital supondrá una importante medida para, en primer lugar, armonizar las ayudas frente a la exclusión social de las diferentes comunidades autónomas, estableciendo un mínimo suficiente. Y en segundo lugar, esta medida va a suponer reducir de forma acusada la exclusión social de miles de personas y, por tanto, combatirá la importante brecha de desigualdad en España (somos el séptimo país de la Unión Europea con más pobreza, un 26,1%).

En resumen, el Ingreso Mínimo Vital no solo es una medida justa, sino también necesaria, especialmente tras la crisis sanitaria del COVID-19.